Productores agropecuarios
estiman que deben dejar hasta 30% de su mercancía en las autopistas y
carreteras del país, debido a la usura y matraca que se ha convertido en un
impuesto que se paga en casi todas las
alcabalas del país.
“Todo el mundo sabe que en
las alcabalas roban, pero hay una suerte de permisibilidad por omisión y el
Gobierno no hace nada. Es parte de un proceso de desinstitucionalización que ha
habido en el país en los últimos 20 años”, sostiene Manuel Gómez, director
general de Acción Campesina.
Detalla el dirigente, que
“en estos meses de pandemia ha habido una multiplicación de esos controles, y
todo el país está lleno de historias de cómo extorsionan”, señala que la
situación empeora ya que el gobierno de Nicolás Maduro no actúa, permite la
situación por omisión.
Esta es una práctica
histórica en Venezuela que se agudiza en situaciones especiales, como
operativos por feriados, temporadas vacacionales, ciclos de cosechas y ahora
con la larga emergencia derivada de la pandemia de covid-19, que obliga a
trabajar con limitaciones por los confinamientos.
En el trayecto entre
Caracas y Guanare, capital del estado Portuguesa -un viaje de 6 o 7 horas por
tierra- se pueden encontrar fácilmente entre 10 y 15 alcabalas entre fijas y
móviles y en todas ellas siempre se aprecia la fila de camiones de carga
apostados para la revisión.
“Ahora con la pandemia eso
ha aumentado. A mí me sorprende que en carreteras viajando de Caracas a
Barquisimeto o a Guárico la distancia entre la alcabala de la policía del
estado y la alcabala de la Guardia Nacional sea de apenas 200 metros, y yo creo
que la multiplicación de las alcabalas en pandemia está asociada más a la
necesidad que tienen los funcionarios de expoliar y de quitarle real a la
gente”, sostiene Manuel Gómez, de Acción Campesina.
Redacción:
Lcda. Zuleydy Márquez / World Stereo
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